La mañana de este miércoles se conocieron las cautelares por parte del Juzgado de
Garantía de Copiapó, instancia en que el Juez de turno accedió a la solicitud del
Ministerio Púbico que consideró a los detenidos como un peligro para la seguridad de
la sociedad.
La Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama obtuvo la medida cautelar de
prisión preventiva en contra de las tres personas investigadas por el millonario fraude que
afectó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de esta región, delitos
en que intervinieron como líderes de la agrupación ilícita dos funcionarios de este servicio
y un particular.
En la audiencia se dio por acreditado que, tal y como lo señaló la Fiscalía durante la
formalización de los distintos ilícitos que se indagan, los imputados Alexis Urtulla
Campillay y Alex Arévalo Carvajal, ambos funcionarios de la COMPIN al momento de
ocurrir los hechos indagados, además del particular Miguel Véliz Báez, se concertaron
para la tramitación de licencias falsas mediante una coordinación que comenzó a operar
desde el año 2019 a la fecha de la denuncia por parte de la Seremi de Salud en agosto
del año pasado.
Dada su responsabilidad en los hechos que la Fiscalía investiga junto a la Bridec y Brilac
de la PDI, el fiscal de la mencionada unidad investigadora, Luis Miranda Flores, solicitó al
Tribunal imponer la medida cautelar de prisión preventiva por considerar a los tres
imputados un peligro para la seguridad de la sociedad. “Este miércoles el Tribunal resolvió
respecto de los argumentos que expuso la Fiscalía y dio por acreditados los crímenes de
lavado de activos, fraude al fisco, fraude informático, obtención fraudulenta de
prestaciones estatales y asociación criminal. Con ello, se decretó la prisión preventiva
respecto de los tres detenidos más importantes, que son los funcionarios públicos y el
captador de las licencias médicas. A ellos se les imputó la calidad de líderes de esta
organización que agrupaba a más de 15 personas, advirtiendo que muchas de las
comunicaciones realizadas para coordinar la obtención de las licencias médicas se
realizaban entre ellos”, dijo Miranda.
El fiscal agregó que se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación,
periodo en que la Fiscalía y la PDI desarrollarán diligencias vinculadas con indagar la
adquisición de bienes con el dinero defraudado que supera los 180 millones de pesos,
además de realizar otros levantamientos de información digital frente a las incautaciones
realizadas a los imputados por este caso. Además de otras acciones investigativas que
solicitó el querellante de esta causa que es el Consejo de Defensa del Estado.
