Valparaíso, marzo de 2026.- La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 123 votos el proyecto
de resolución titulado “Solicita a S. E. el Presidente de la República requerir la elaboración de planes
para el estudio de drogas en aguas residuales a nivel nacional, en especial en los lugares que indica”,
iniciativa presentada por el diputado Jaime Mulet.
El texto aprobado solicita al Ejecutivo instruir a los ministerios de Seguridad Pública, Salud, Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Justicia y Derechos Humanos, para que elaboren una
política pública de estudio de aguas residuales orientada a la detección del consumo de drogas,
junto con la adopción de protocolos que permitan su implementación progresiva a nivel nacional.
Antecedentes del proyecto
La resolución expone que actualmente la principal herramienta para medir el consumo de drogas en
Chile es el Estudio Nacional de Drogas en Población General, que se realiza desde 1994. Si bien esta
encuesta ha permitido observar tendencias, el texto advierte limitaciones relevantes: baja
frecuencia en su aplicación, problemas de representatividad y posibles sesgos en la información,
especialmente debido al estigma asociado al consumo. Además, excluye a poblaciones en situación
de calle o institucionalizadas, como recintos hospitalarios y penitenciarios.
Frente a ello, la iniciativa plantea la necesidad de incorporar mecanismos complementarios y más
objetivos de monitoreo, considerando el aumento del narcotráfico y su penetración en diversos
espacios del país. En particular, propone priorizar análisis en aguas grises de lugares donde el ingreso
de drogas no debiese producirse, como los recintos carcelarios.
El documento destaca que el análisis de aguas residuales es una metodología innovadora y de
relativo bajo costo, que ha sido implementada en distintos países. En Europa, desde 2010 funciona
una red especializada que coordina estudios bajo protocolos comunes. En América Latina, Chile ha
avanzado en esta línea junto a Argentina y Uruguay, desarrollando sus propios estándares.
En el ámbito nacional, se menciona la experiencia del Centro de Vigilancia de Aguas Residuales de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Región del Biobío, donde a través del
denominado “Proyecto Centinela” —iniciado durante la pandemia para detectar COVID-19 y otros
patógenos— se han realizado estudios que permitieron identificar patrones de consumo de drogas a
nivel regional. Estos antecedentes, según el texto, demuestran la factibilidad técnica y el valor
estratégico de contar con sistemas de alerta temprana basados en evidencia científica.
La resolución señala que para su implementación se requerirá personal especializado, laboratorios
equipados y protocolos metodológicos estandarizados que aseguren la calidad y comparabilidad de
los resultados.
Instituciones priorizadas
La propuesta contempla la implementación permanente del monitoreo en una serie de instituciones
estratégicas, entre ellas:
Congreso Nacional
Palacio de La Moneda
Recintos penitenciarios públicos y concesionados
Centros de internación de menores
Cuarteles de las Fuerzas Armadas
Unidades policiales
Escuelas matrices de Fuerzas Armadas y policías
Edificios de Gobiernos Regionales
Tribunales de Justicia
Ministerios
Ministerio Público
Contraloría General de la República
El diputado Jaime Mulet señaló que la iniciativa busca que el Estado asuma una política pública
basada en evidencia científica para enfrentar el fenómeno del consumo de drogas. “Estamos frente
a una realidad que tiene impactos sanitarios, sociales y ambientales. Es necesario contar con
información objetiva y sistemática que permita diseñar mejores políticas de prevención y
recuperación”, indicó.
La resolución argumenta además que el consumo problemático debe abordarse desde una
perspectiva integral, considerando sus efectos biosicosociales y diferenciando entre sustancias
ilícitas y aquellas lícitas que requieren prescripción médica y control facultativo.
