Se trata del primer caso en el país en que el acusado por este delito fue
condenado luego que el Ministerio Público acreditara su participación en los
hechos. En esta causa intervino además la Unidad Especializada en Género de
la Fiscalía Nacional.
La Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de un imputado a quien investigó por su
responsabilidad en un delito de suicidio femicida ocurrido en Copiapó, siendo el primer
caso a nivel nacional en que fue posible acreditar su participación en los hechos.
Respecto de esta causa, el fiscal adjunto de esta ciudad, Ariel Guzmán Moya, indicó
que los antecedentes comenzaron a indagarse luego del suicidio de una mujer adulta
en esta ciudad ocurrido, lamentablemente, en septiembre del año 2023. “Frente a este
deceso y a partir de información entregada posteriormente por familiares de la víctima,
la Fiscalía amplió el foco investigativo al existir acciones que calificaban para
investigar el nuevo tipo penal de suicidio femicida promulgado en el año 2023. Para
ello, además del trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, se contó con apoyo
jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, lo que llevó a
estudiar los medios de prueba para finalmente acusar al imputado por su
responsabilidad en este hecho en que se acreditó que hubo actos de violencia física y
sicológica en contra de la víctima previo a su deceso y con ello el nexo de causalidad
entre las acciones del imputado y el desenlace fatal”, dijo el fiscal. Agregando que el
responsable se mantuvo en prisión preventiva luego de la audiencia en que se
formalizó esta investigación.
Respecto de esta primera condena en el país por este delito, la directora de la
mencionada unidad de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, manifestó
que con el trabajo investigativo realizado se logró acreditar que los hechos que
ocurrieron en la capital de Atacama fueron en contexto de violencia de género
cometidos de manera sistemática. “Por esta razón es que hacemos el llamado a mirar
estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por
parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que
implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad
de sus autores”, dijo.
Frente al cúmulo de antecedentes el caso fue ventilado ante el Juzgado de Garantía
de Copiapó en un procedimiento abreviado, ocasión en que se impuso al condenado
la pena de 5 años de presidio, sanción que, al cumplirse con los requisitos que la Ley
impone, se cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.
