Sánchez se desempeñó como intendente de la Región de Atacama entre el 11 de julio de 2018 y el 20 de febrero de 2019, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera.
El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó condenó al exintendente de Atacama, Francisco Sánchez, por el delito de estafa reiterada en perjuicio de la empresa minera Atacama Kozan.
El fallo se produce luego de siete años de investigación y un juicio oral que se extendió por cerca de dos meses, en uno de los casos judiciales más prolongados vinculados al sector minero en la región.
Si bien el tribunal ya emitió el veredicto condenatorio, la lectura de sentencia quedó fijada para el viernes 15 de mayo, instancia en la que se determinarán las penas aplicables.
Origen del caso: querella por desvío de fondos
Los hechos se remontan a 2019, cuando Atacama Kozan presentó una querella por estafa reiterada, apuntando a presuntos desvíos de fondos ocurridos mientras Sánchez se desempeñaba como subgerente de la compañía hasta 2018.
La causa tuvo un avance irregular, con etapas de archivo y reapertura, hasta finalmente llegar a juicio oral gracias a la insistencia de la parte querellante.
Según el abogado de la empresa, Mauricio Daza, el perjuicio económico ascendería a $218 millones, cifra que posiciona el caso como uno de alto impacto en el ámbito de delitos económicos en la industria minera regional.
Reacciones: defensa insiste en inocencia y querellantes valoran fallo
Tras conocerse el veredicto, el abogado Daza valoró la decisión judicial, señalando que se trata de un caso que involucra la confianza pública y la protección de la inversión extranjera, particularmente considerando que la minera cuenta con capitales japoneses.
Por su parte, Francisco Sánchez sostuvo su inocencia, indicando que continuará analizando el fallo junto a su defensa, en un proceso que calificó como complejo tras años de investigación.
Cuestionamientos al Ministerio Público
Uno de los puntos más sensibles del caso ha sido el rol inicial del Ministerio Público. Según el querellante, la Fiscalía decidió en un comienzo no perseverar en la causa por falta de antecedentes, lo que posteriormente fue revertido tras nuevas diligencias impulsadas por la parte acusadora.
En ese contexto, también surgieron cuestionamientos hacia el entonces fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, por su participación en decisiones iniciales del caso y eventuales vínculos con el entorno del condenado, lo que ha generado debate en torno a la transparencia y consistencia de los procesos investigativos.
Un proceso que aún no concluye
Aunque el veredicto ya establece responsabilidad penal, el caso no está cerrado. La sentencia definitiva podría abrir la puerta a eventuales recursos o revisiones, en un proceso que seguirá siendo observado tanto por el sector judicial como por la industria minera.
Lo que sí queda establecido, al menos por ahora, es una señal clara: la responsabilidad penal trasciende los cargos públicos, aunque su determinación pueda tardar años en concretarse.
