por Nuevamente, la Delegación Provincial de Chañaral se encuentra en la mira tras detectarse una nueva irregularidad en la administración Sebastián Urrejola Aranda.
De acuerdo a una denuncia bajo reserva, se afirma que Urrejola no se habría realizado el examen/test de drogas que exige la ley para las autoridades.
Según el artículo 110 de la ley n.º 21.806, se establece un régimen obligatorio de control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales para altas autoridades de la Administración del Estado.
Esto en el marco de los principios de probidad administrativa y transparencia de la función pública.
De acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República, este examen debe aplicarse hasta 30 días después de asumir el cargo y en dos oportunidades al año.
«Por medio de la orden de compra 2035-30-COT26 de Mercado Público, de fecha 14 de mayo de 2026, la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral solicitó la adquisición de un examen de drogas para Sebastián Urrejola», afirma el denunciante.
En donde «este proceso se cerró el 14 de mayo, con un oferente y en un segundo llamado, y desde entonces no tiene movimiento».
«Consultamos a quien figura como encargado de compras en el portal de Mercado Público de la Delegación Provincial de Chañaral, pero nos indicó que había sido desvinculado anticipadamente, por lo que desconocía en qué continuó el proceso. Eso sí, precisó que el paso que estaba pendiente hasta su despido era la firma del mismo delegado Sebastián Urrejola», agregó.
«Considerando que el examen puede registrar consumos de no más de 3 meses, esta situación genera suspicacia, pues se encuentra largamente sobrepasado el plazo legal para su aplicación y, el 16 de junio, se cumplirán 3 meses desde su ingreso a la Delegación Provincial», afirmó.
«Este caso se suma ya a otras polémicas que pesan sobre el novato delegado de Chañaral. Está acusado ya de tener un grave conflicto de interés por poseer una ocupación ilegal en el borde costero —del mismo modo que la familia de su pareja—. Esto se contrapone a su obligación legal de desalojar las tomas de los terrenos fiscales», agrega el denunciante.
«De igual forma, se le reprocha haber despedido arbitrariamente a funcionarios administrativos y perjudicar el ambiente laboral de la institución por sus eventuales conductas erráticas y acosos selectivos», sentenció el denunciante.
El denunciante afirmó que estos antecedentes fueron remitidos a la Contraloría, esperando que cumplan el rol fiscalizador que les corresponde.
FUENTE ELZORRONORTINO.CL
