«Nadie puede pretender imponer una verdad única, sería una falta de respeto y una falta a la inteligencia, pero podemos comprometernos hacia el futuro a cuidar la democracia y respetar irrestrictamente los derechos humanos»», expresó la máxima autoridad nacional.
El presidente de la República, Gabriel Boric, dijo este domingo que le habría gustado que la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado fuese “un momento de consenso nacional en torno al valor de la democracia y al respeto irrestricto a los derechos humanos”, pero que, “desgraciadamente, por diferentes motivos, en los que todos tenemos algo de responsabilidad, han primado (por encima de los acuerdos) las diferencias políticas y la reyerta chica”.
“Espero que todavía estemos a tiempo de comprometernos a eso (…) Nadie puede pretender imponer una verdad única, sería una falta de respeto y una falta a la inteligencia, pero podemos comprometernos hacia el futuro a cuidar la democracia y respetar irrestrictamente los derechos humanos”, añadió el mandatario en una entrevista con Canal 13.
El exlíder estudiantil aseguró que la Unidad Popular (UP), “no es la responsable de que bombardeen La Moneda, ni del Golpe de Estado, ni de todo lo que vino después”, en referencia a la dictadura que instauró Augusto Pinochet por diecisiete años.
A su vez, Boric criticó la tesis que, dijo, “han tratado de instalar ciertos personeros de derecha” para buscar una razón al alzamiento militar y que sostiene que “no hay Pinochet sin Allende”.
“Me parece francamente peligrosa, un error, un relativismo histórico de las brutalidades de lo que significó la dictadura”, manifestó.
Además, agregó que “en política siempre hay alternativas, el Golpe de Estado no era inevitable”.
Sobre los comentarios negacionistas que en el último tiempo han proliferado en las instituciones, indicó que “en un sector de la derecha, no quiero meter a todo el mundo al mismo saco –precisó– ha habido un retroceso”.
Gabriel Boric y su Gobierno fueron noticia esta semana por la presentación de un inédito plan de búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que, por primera vez, encarga al Estado la responsabilidad de investigar dónde están.
“El objetivo del plan es que no sean los familiares los detectives, sino poder poner todas las capacidades del Estado al servicio de sanar las heridas”, apuntó el jefe de Estado.
La dictadura dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.
En ese sentido, más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
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